Yidis Medina da pruebas de supuestos pagos del Gobierno para aprobar la reelección
La ex congresista, cuyo voto salvó la reforma constitucional que permitió reelegir en 2006 al presidente Álvaro Uribe, entregó detalles de las consignaciones que el Gobierno hizo a uno de sus colegas para que avanzara la reforma.
Señaló que tras superar un desmayo que la obligó a suspender la diligencia judicial del martes, Medina entregó el miércoles la "prueba reina" del delito.
"Entregó las colillas de varias consignaciones de dinero en efectivo en una cuenta del ex representante Teodolindo Avendaño, según ella para ausentarse de la sesión en que sería votada la reelección", señaló la publicación.
Según el reporte periodístico, la ex congresista dijo que fueron más de 10 consignaciones por valor de 200 millones de pesos aportados por un contratista del Estado que utilizó dineros públicos para pagar "los favores".
"Medina dijo ante varios magistrados auxiliares de la Corte Suprema que ella recibía el dinero y luego lo consignaba en la cuenta de Avendaño", quien en su momento se declaró en desacuerdo con la enmienda constitucional que permitía la reelección, pero en la fecha de la votación crucial se ausentó permitiendo que el proyecto avanzara.
Medina en su comparecencia a la justicia dijo que tanto el ex ministro de Interior Sabas Pretelt, como el ex secretario general de la Presidencia Alberto Velásquez, y en menor medida el ministro de Protección Social, Diego Palacio, ofrecieron cinco puestos en diversas entidades oficiales a cambio de que votara a favor de la reelección.
El presidente, Álvaro Uribe, señaló el domingo pasado que no presionó el voto de la ex congresista Medina para alcanzar la reforma constitucional con la que logró su reelección en 2006. Indicó, además, que la ex congresista pertenecía al Partido Conservador, formación que había manifestado que su bancada respaldaba la iniciativa para la reelección.
En cambio, añadió, que la ex congresista "fue presionada por fuerzas de la oposición para que votara en contra del Acto Legislativo que autorizaba la reelección presidencial".
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia acusa a la ex integrante del Congreso de cohecho por la supuesta recepción de dádivas oficiales a cambio de cambiar su voto para apoyar la reforma que modificó en 2004 la Constitución, lo que permitió la reelección del gobernante.
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