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Los jefes de las Autodefensas, que afrontan varios cargos por narcotráfico y terrorismo en tribunales de Washington, Florida, Nueva York y Texas, llegaron a Miami y algunos de ellos fueron trasladados a los lugares donde deberán enfrentar a la justicia estadounidense.

Los paramilitares serán imputados de conspirar para producir y distribuir cocaína; posesión, elaboración o distribución de cocaína; proveer apoyo material a un grupo terrorista y lavado de dinero, informó el Departamento de Justicia. De los extraditados, el primero que declarará en EE.UU. será "Don Berna", que lo hará este miércoles ante la Corte Federal de Manhattan en Nueva York.

La decisión causó estupor en sectores de la oposición a Uribe, que afronta un grave momento por el escándalo de la "parapolítica", desatado por la detención de 33 congresistas oficialistas relacionados con las Auc, grupo que figura en la lista de organizaciones consideradas como terroristas por EE.UU.

La coalición socialista opositora Polo Democrático Alternativo (PDA) y la organización no gubernamental Iniciativa de las Mujeres por la Paz (IMP) rechazaron la extradición de los catorce jefes paramilitares, al considerar que es una "burla" a las víctimas de este grupo.

El PDA declaró en un comunicado que la extradición de los jefes paramilitares constituye "una inaceptable entrega de la soberanía nacional". Por su lado, la IMP indicó: "con la decisión del Gobierno del presidente Uribe de extraditar de forma masiva a los jefes del paramilitarismo a EE.UU, las víctimas, colombianos y colombianas nos quedamos sin verdad, sin justicia y sin reparación integral".

El fiscal general de EE.UU., Michael Mukasey, consideró que la extradición es "otro paso significativo" del Gobierno de Colombia para castigar a quienes apoyan a organizaciones terroristas y distribuyen drogas. Mukasey expresó que la decisión del presidente colombiano "reconoce que estos delitos representan una seria amenaza para ambos países".

Declaraciones de William Brownfield

Por su parte, el embajador de EE.UU. en Colombia, William Brownfield, manifestó que los dos Gobiernos coinciden en que "el objetivo principal" contra los catorce extraditados es "máxima justicia, máxima sanción y máxima reparación".

Señaló que el sistema legal estadounidenses garantiza acceso a cualquier fiscal, juez o magistrado de Colombia y a cualquier familiar de víctima para emprender un juicio civil contra alguno de los ex paramilitares extraditados.

Colombia envió este martes a EE.UU. varios de los desmovilizados en el proceso de paz entre 2002 y 2006 para que respondan por narcotráfico y otros delitos, lo que generó aplausos de Washington y críticas de los organismos de derechos humanos y de la oposición política del país.

Los ex cabecillas de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) encabezados por el que fue su último jefe, Salvatore Mancuso, salieron la madrugada de este martes hacia EE.UU., luego de que el presidente Álvaro Uribe aprobara su entrega y los acusara de incumplir las promesas y seguir delinquiendo desde la prisión.

De inmediato, fuerzas opositoras a Uribe y allegados a las víctimas advirtieron de que la extradición puede impedir la verdad, justicia y reparación de los múltiples crímenes de lesa humanidad de los paramilitares, que esperan las víctimas o familiares de estas.

Uribe dijo en una alocución por radio y televisión que su Gobierno debía "mantener la facultad de apreciar si una persona beneficiada con la suspensión de envío en extradición ha cumplido o incumplido con las condiciones exigidas".

Indicó que algunos ex paramilitares "habían reincidido en el delito (...), otros no cooperaban debidamente con la justicia y todos incumplían con la reparación de las víctimas, al ocultar bienes o demorar su entrega".

"No se puede proceder con debilidad frente a la reincidencia en el asesinato y otros delitos", expresó el jefe del Estado colombiano. Uribe aseguró que "el Gobierno considera que esta decisión es garantía para la reparación de las víctimas, contribuye a la verdad sin deformaciones, es una advertencia a todas las personas sometidas a la Ley de Justicia y Paz", promulgada en 2005.

Agregó que EE.UU. aceptó su solicitud de que las fortuna de los extraditados "se dedique a reparar a las víctimas colombianas". Junto a Mancuso también fueron extraditados Rodrigo Tovar Pupo, alias "Jorge 40"; Diego Fernando Murillo, "Don Berna"; Ramiro Vanoy, Hernán Giraldo, Francisco Javier Zuluaga y Guillermo Pérez Alzate. Asimismo, Manuel Enrique Torregrosa, Diego Alberto Ruiz, Juan Carlos Sierra, Martín Peñaranda, Edwin Mauricio Gómez, Nodier Giraldo y Eduardo Enrique Vengoechea.

Con EFE.