Opositores demandan por "genocidio" a ministro de Morales por el caso Pando
Tres gobernadores impetraron la acción por la presunta responsabilidad del funcionario en las muertes ocurridas en la región en septiembre pasado, informó este jueves una fuente oficial.
En esa región murieron al menos veinte campesinos seguidores del presidente Evo Morales y dos funcionarios de la Prefectura opositora de Pando, según la investigación realizada por una misión de Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).
La demanda, firmada por los gobernadores de Santa Cruz, Rubén Costas; de Beni, Ernesto Suárez, y de Tarija, Mario Cossío, fue presentada el miércoles en la Fiscalía General contra el ministro Juan Ramón Quintana.
Los prefectos acusan al ministro de Morales por los delitos de "genocidio, sedición, conspiración, uso indebido de influencias e instigación a la violencia, entre otros", señala un comunicado difundido hoy por la prefectura cruceña.
El prefecto Costas señaló a la prensa que la demanda se justifica porque, a su juicio, Quintana fue "el causante de los hechos violentos sucedidos en Pando", que no se hubieran realizado sin su "directa, personal y activa participación".
En la legislación penal boliviana, el delito de genocidio también alcanza los casos de "masacres sangrientas" que, según la Fiscalía General, es lo que ocurrió en Pando el 11 de septiembre pasado.
La demanda fue presentada el mismo día en que esa comisión de la UNASUR presentó al presidente Morales el informe final sobre su investigación realizada en Pando y en la que no se señalan supuestas responsabilidades en el Gobierno.
Según esa investigación, en Pando se produjo el pasado 11 de septiembre una masacre planificada de campesinos en la que participaron empleados de la Prefectura pandina.
Los partidos de la oposición han cuestionado el informe y lo han tildado de parcial porque, a su juicio, no habla de una presunta responsabilidad del Gobierno o sus aliados en Pando en esa matanza.
El principal acusado por este caso es el ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández, quien se encuentra recluido en una cárcel de La Paz desde septiembre pasado.
La misión de UNASUR recomendó que el caso sea enjuiciado en tribunales ordinarios y no en un juicio de responsabilidades como, de su parte plantea la defensa de Fernández por su condición de ex autoridad.
Con EFE
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