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Agricultores del estado de Guarico organizaron este jueves una caravana con sus tractores en rechazo al supuesto intervencionismo del Estado en ese sector productivo mediante las 26 leyes decretadas por el presidente Hugo Chávez.

La caravana, en la que participaron unos 200 tractores, según dirigentes agropecuarios, recorrió pacíficamente la localidad de Calabozo, a unos 270 kilómetros al suroeste de Caracas.

Durante la movilización se rechazó también la inseguridad personal y jurídica, y se exigió el pago de un precio justo por sus cosechas.

El dirigente del agro Jaime Feifus dijo a los medios locales que fueron notificados mediante un comunicado oficial de un supuesto plan de "confiscación" de tierras productivas amparado en los 26 decretos-leyes dictados por Chávez a finales de julio pasado.

Feifus explicó que el citado documento señala que por orden del Gobierno, las extensiones "menores de 200 hectáreas van a ser divididas en 40 unidades productivas", y que las de entre tres y siete hectáreas en 20 unidades productivas".

La movilización, bautizada como el "tractorazo", fue repudiada por el ministro de Agricultura y Tierras, Elías Jaua, quien la calificó como "acción desestabilizadora" organizada por Eduardo Manuitt, gobernador de Guarico y hasta hace pocas semanas aliado del oficialismo.

Manuitt fue expulsado en mayo pasado por Chávez de su Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), bajo la acusación de "contrarrevolucionario".

Posiciones, antecedentes y acciones

Jaua declaró a la estatal Venezolana de Televisión (VTV) que la movilización de agricultores en Calabozo fue "pírrica" y para nada representa el "sentir" del sector, que apoya al Gobierno "revolucionario" de Chávez.

Destacó que el Gobierno de Chávez ha sido "muy receptivo" de las peticiones de los productores agropecuarios del país, a los que ha beneficiado con la exención de impuestos y con la bajada de los intereses y hasta condonación de deuda.

Directivos de gremios empresariales y comerciales, así como líderes políticos de oposición rechazan por "comunistas" e "inconstitucionales" las 26 leyes decretadas por Chávez.

El vicepresidente de Fedecámaras, Noel Álvarez, anunció este jueves que la patronal concurrirá "a partir del 15 de septiembre" próximo ante el Supremo para "solicitar la nulidad de los 26 decretos-leyes" dados los "vicios de fondo y de forma" que, según él, presentarían.

Chávez ha rechazado las críticas opositoras contra el paquete legislativo, y ha dicho que "chilla la oligarquía", porque esas normas promueven la "inclusión" de las mayorías desfavorecidas del país.

Esta semana, Chávez se burló de la intención opositora de acudir a la Organización de Estados Americanos (OEA) para plantear que los decretos-leyes constituirían una supuesta amenaza a la democracia, y agregó que le daban ganas de volver a pedir poderes especiales al Parlamento y "clavarle" otras 26 leyes a la "oligarquía apátrida".

Los 26 decretos-leyes forman parte de un conjunto de 65 normas dictadas por Chávez durante los 18 meses de vigencia de los poderes especiales que en enero de 2007 le otorgó la Asamblea Nacional (AN), de 165 miembros, casi todos afectos al Gobierno, según fuentes oficiales.

Con EFE